Gustavo Pecoraro Brondino|Crea tu insignia

28 noviembre, 2014

Una aproximación a la terrible historia de los Edictos Policiales en Argentina

En el año 2005 se publicó el libro “La gesta del nombre propio”, un informe sobre la situación del colectivo trans en la Argentina bajo la coordinación de la histórica dirigente travesti Lohana Berkins, y la antropóloga Josefina Fernández.
Publicado muchos años antes de la aprobación de la Ley de Identidad de Género reunía textos de Ana Mallimaci, María Alicia Gutierrez, Aluminé Moreno, Mauro Cabral, Renata Hiller y de las propias Fernández y Berkins; y es el resultado de una investigación sobre la situación de ese colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y algunas localidades del Conurbano Bonaerense que muestra la exclusión, la dificultad de acceder a la condición de ciudadanía, la discriminación en la salud, la educación, la represión de las fuerzas de seguridad, y la violencia sexual y doméstica.
Durante este estudio se relevaron 420 nombres de personas travestis, transgéneros y transexuales muertas. La mayoría a causa del VIH-sida, pero también asesinadas, o a causa de suicidios.
El 35% de estas muertes fueron de personas entre 22 y 31 años y el 34% entre 32 y 41 años.
Personas olvidadas, solas, cuerpos errantes, decididas a vivir sus vidas como querían vivirlas.
Con todo en contra, y aun así, resistiendo.
Seres humanos que en algunos casos tuvieron una tumba con una inscripción NN, y en muchos otros un nombre que no los identificaba.
El 9 de mayo de mayo de 2012 el Senado de la Argentina aprueba por unanimidad la Ley la Identidad de Género otorgando el derecho al reconocimiento a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales de su identidad de género y a ser identificado de acuerdo con la vivencia interna con su nombre, imagen y sexo con los cuales se autoperciban.
Pero hasta llegar hasta esa Ley, la criminalización de la diversidad sexual y particularmente de las identidades trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en otras leyes: los edictos policiales, cuya historia es la historia de las políticas de persecución social orientadas al control y la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal. Entre estos grupos figuraban los homosexuales y las personas trans, que forjaron su resistencia a pesar de la oscuridad represiva y policial que permitía la aplicación de los edictos (art. 2 incisos "F", "H" e "I") y la Ley de Averiguación de antecedentes.
Los Códigos y Edictos que definían contravenciones policiales rigieron en Buenos Aires desde 1870 perfeccionan los mecanismos represivos en 1930 con la dictadura de Uriburu. Pero su desarrollo llega en la década del 40.
En 1946 en la primera presidencia de Juan Domingo Perón se instauró el Reglamento de Procedimientos Contravencionales de la Policía Federal que en su artículo 207 reprimía las reuniones privadas de homosexuales.
En los años setenta la campaña de moralidad, intensificada por el gobierno de facto del General Onganía y extendida luego de la restauración democrática de 1983, selectivamente criminalizaba al "travestismo", bajo la alegoría de "vestir prendas del sexo opuesto". Las identidades trans al igual que la homosexualidad por considerarse en la literatura médica como desviaciones sexuales, fueron instituidas contravenciones en el campo jurídico.
La represión al colectivo LGTBI obtiene instrumentos legales y judiciales que se mantendrán vigentes y en aplicación hasta la Asamblea Estatuyente de 1996.
Más de 50 años de legislación represiva bajo la mirada cómplice de todos los gobiernos de turno; los elegidos democráticamente y también, claro está, las dictaduras militares.
Estos instrumentos legales ponen en marcha la maquinaria de la represión y la persecución judicial, dejando el arbitrario concepto de “reconocer la homosexualidad” a través de tener «antecedentes»; o conocer “tal condición” por medio de «datos fehacientes y bajo la firma del director o jefe de secciones de la Dirección de Investigaciones», en manos de los uniformados.
Cuando se detectaban que en su jurisdicción se reunían personas LGTBI «con propósitos vinculados a su inmoralidad», los Comisarios denunciaban a la Dirección de Investigaciones para que interviniera.
El edicto policial sobre escándalo tipificaba las figuras contravencionales de la siguiente manera:
• «inciso f» : exhibirse vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario;
• «inciso h» : incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal, sin distinción de sexos.
• «inciso i» : encontrarse un sujeto conocido como pervertido en compañía de un menor de 18 años.

Ironizaba el poeta y escritor Néstor Perlongher “¿En que se basa la autoridad para saber cuándo una vestimenta es o no indecorosa? Dedúcese que en esa categoría habrán de entrar la minifalda y el bretel, si no el escote en V. Por si las moscas, les cabría a las chicas de Flores el inciso 2º H (pavor de los gays y de las prostitutas) que condena, con arresto de 30 días, a "las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaran o que ofrecieren el acto carnal" (…) También les puede pasar que presas de pánico echen mano del saco de un caballero transitante: error fatal: es el 2º F que les cabe a "los que se exhibieren en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”
(…) Y aunque la chica no haga nada nunca a nadie, tararear "qué me importa tu pasado, lo que has hecho y lo que harás", de nada sirve -­minga!- porque "por averiguación de antecedentes" se la llevan por 48 horas a la sombra de los barrotes en flor -y no va a precisar arrojar su cuerpo a pedacitos "a todos los que le pasan la vereda", porque es posible que se lo hagan pedacitos ahí mismo”

Nena llévate un saquito, revista Alfonsina, año 1983 (reeditado en 1997 Prosa Plebeya)

Los edictos policiales fueron el instrumento de ordenamiento moral de la sociedad para fomentar el proyecto de civilización del estado moderno con ciudades ordenadas y limpias de "enemigos" que pudieran atacar la moral de la sociedad.
Este concepto de “enemigos” es desarrollado también por la socióloga Alcira Daroqui, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos: “Y este enemigo en tanto integra un colectivo social, el de los excluidos, los que están o deben estar afuera, deben anclarse en un espacio social y territorial ajeno al espacio de nosotros, su circulación, su visibilidad, se convierte en una amenaza en tanto seguros ofensores, seguros delincuentes, alimentando la “obsesión securitaria”, con propuestas políticas y de gestión de los social fundadas en la incapacitación, neutralización y si es necesario, la eliminación de esos otros amenazantes [...] Esos ́otros ́ (...) no registran otra atención que aquella que el sistema penal les presta a través de sus distintas agencias: la policía, la justicia y la cárcel”

Lo diferente debía ser atacado, encarcelado, combatido, exterminado.
Fue el estado argentino quien se hizo cargo de ese combate contra lo diferente, con uso del poder de policía y a la elaboración de figuras punitorias.

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