Gustavo Pecoraro Brondino|Crea tu insignia

28 noviembre, 2014

Años de sufrimiento trans, entre el resarcimiento o la burla

Dos proyectos de Ley para resarcir económicamente a las personas trans que se discuten en la Argentina hay desatado una dura polémica.

Se discuten en la Argentina dos proyectos de Ley para resarcir económicamente a las personas trans mayores de 40 años que por su situación generacional hayan sufrido los peores tratos que un Estado ausente puede proporcionar a un ciudadano: detenciones arbitrarias, discriminación social, educativa o sanitaria.
Estos proyectos han generado una encendida polémica y una campaña moralizante de amplios sectores de la población, que incluyen amenazas y ataques de todo tipo hacia el colectivo LGTBI.
Antecedentes:
El 9 de mayo de mayo de 2012 el Senado de la Argentina aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de Género otorgando el derecho al reconocimiento a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales de su identidad de género tal cual se autoperciban.
Pero hasta llegar hasta esa Ley, la criminalización de la diversidad sexual y particularmente de las identidades trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en otras leyes: los edictos policiales, cuya historia es la historia de las políticas de persecución social orientadas al control y la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal. Entre estos grupos figuraban los homosexuales y las personas trans, que forjaron su resistencia a pesar de la oscuridad represiva y policial que permitía la aplicación de los edictos (art. 2 incisos "F", "H" e "I") y la Ley de Averiguación de antecedentes.
Los dos proyectos:
La legisladora porteña María Rachid del Frente para la Victoria promueve uno de esos proyectos (con número de Expediente 3130-D-2014 y que se puede consultar en
http://www.legislatura.gov.ar) que fue presentado en la Legislatura Porteña el año pasado.
Rachid es activista lesbiana, fundadora de la organización de lesbianas y mujeres bisexuales La Fulana y ex presidenta de la Federación Argentina LGBT, una de las referentes en la Argentina en la lucha por los derechos LGTBI.
Su proyecto tiene por objeto la creación de un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 (de Identidad de Género) y su decreto reglamentario Poder Ejecutivo Nacional Nº 1007/2012.

Esta propuesta ha desatado una dura polémica.
Varios medios de comunicación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en manos de la derecha del PRO) salieron a decir que el monto estimado era de $8.000 (aproximadamente U$S 900) cuando en realidad fue solicitado en $ 2.400 (aproximadamente U$S 300) como aclaró la Legisladora. Aunque si la iniciativa se aprobara “habría que ajustar el valor”.

El otro proyecto de ley 8194 fue presentada en octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, por la Diputada Nacional Diana Conti (también del Frente para la Victoria) presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que avaló con su firma la propuesta de ley que se sustenta en una idea de Marlene Wayar (Directora de El Teje y de Futuro transgenérico) y es el resultado de una escritura colectiva impulsada por las organizaciones Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales), Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual), Futuro transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminación de Liberación).
La ley tiene como finalidad establecer una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Serán beneficiarias, las personas a las que se les haya aplicado los incisos "f", "h" e "i" del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.
Las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hacen los artículos 90 y 91 del Código Penal, o alguno de los delitos contra la integridad sexual (arts. 118 a 133 del Código Penal) será incrementado en un treinta por ciento (30 %).
Esta pensión será de carácter independiente de cualquier otra reparación y será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva de cualquier jurisdicción que pudiera estar percibiendo el/a solicitante.

Ataques, burlas y amenazas:
La Legisladora Rachid y su proyecto han sido blanco de las más duras críticas desde distintos sectores de la población, fundamentalmente opositores al gobierno nacional de Cristina Kirchner.
Las burlas y las amenazas dan cuenta del odio y el rencor que anida en muchos sectores de la sociedad argentina, sobre todo contra los derechos del colectivo de la diversidad sexual.
Los insultos lesbofóbicos y transfóbicos y las amenazas de todo tipo, demuestran un punto de alerta en la galopante derechización social y política de la Argentina.

El proyecto de Rachid (como lo aclaró desde distintos medios) tendría llegada a menos de cien personas que tienen un promedio de vida de 35/40 años.
El proyecto de Diana Conti tendría que articular con las distintas provincias y ver que los censos poblaciones pudieran dar el marco adecuado para la llegada más justa.

Ambos proyectos vienen a intentar reparar de alguna manera una parte de la ausencia del Estado en relación a los derechos del colectivo trans, y a resarcir el dolor de un grupo de personas que ha sufrido prisiones y arrestos arbitrarios, muerte, destierro, humillaciones, discriminación y un largo etcétera mientras la población en general miraba para otro lado.

El colectivo trans fue quien más sufrió en cuerpo y alma la ausencia de un Estado que fue quien le infrigió todo ese sufrimiento.
Hoy ese Estado intenta reparar de alguna manera esa herida abierta.
Oponerse a esto es mucho más que una canallada.

No hay comentarios: