Gustavo Pecoraro Brondino|Crea tu insignia

28 noviembre, 2014

Una aproximación a la terrible historia de los Edictos Policiales en Argentina

En el año 2005 se publicó el libro “La gesta del nombre propio”, un informe sobre la situación del colectivo trans en la Argentina bajo la coordinación de la histórica dirigente travesti Lohana Berkins, y la antropóloga Josefina Fernández.
Publicado muchos años antes de la aprobación de la Ley de Identidad de Género reunía textos de Ana Mallimaci, María Alicia Gutierrez, Aluminé Moreno, Mauro Cabral, Renata Hiller y de las propias Fernández y Berkins; y es el resultado de una investigación sobre la situación de ese colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y algunas localidades del Conurbano Bonaerense que muestra la exclusión, la dificultad de acceder a la condición de ciudadanía, la discriminación en la salud, la educación, la represión de las fuerzas de seguridad, y la violencia sexual y doméstica.
Durante este estudio se relevaron 420 nombres de personas travestis, transgéneros y transexuales muertas. La mayoría a causa del VIH-sida, pero también asesinadas, o a causa de suicidios.
El 35% de estas muertes fueron de personas entre 22 y 31 años y el 34% entre 32 y 41 años.
Personas olvidadas, solas, cuerpos errantes, decididas a vivir sus vidas como querían vivirlas.
Con todo en contra, y aun así, resistiendo.
Seres humanos que en algunos casos tuvieron una tumba con una inscripción NN, y en muchos otros un nombre que no los identificaba.
El 9 de mayo de mayo de 2012 el Senado de la Argentina aprueba por unanimidad la Ley la Identidad de Género otorgando el derecho al reconocimiento a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales de su identidad de género y a ser identificado de acuerdo con la vivencia interna con su nombre, imagen y sexo con los cuales se autoperciban.
Pero hasta llegar hasta esa Ley, la criminalización de la diversidad sexual y particularmente de las identidades trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en otras leyes: los edictos policiales, cuya historia es la historia de las políticas de persecución social orientadas al control y la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal. Entre estos grupos figuraban los homosexuales y las personas trans, que forjaron su resistencia a pesar de la oscuridad represiva y policial que permitía la aplicación de los edictos (art. 2 incisos "F", "H" e "I") y la Ley de Averiguación de antecedentes.
Los Códigos y Edictos que definían contravenciones policiales rigieron en Buenos Aires desde 1870 perfeccionan los mecanismos represivos en 1930 con la dictadura de Uriburu. Pero su desarrollo llega en la década del 40.
En 1946 en la primera presidencia de Juan Domingo Perón se instauró el Reglamento de Procedimientos Contravencionales de la Policía Federal que en su artículo 207 reprimía las reuniones privadas de homosexuales.
En los años setenta la campaña de moralidad, intensificada por el gobierno de facto del General Onganía y extendida luego de la restauración democrática de 1983, selectivamente criminalizaba al "travestismo", bajo la alegoría de "vestir prendas del sexo opuesto". Las identidades trans al igual que la homosexualidad por considerarse en la literatura médica como desviaciones sexuales, fueron instituidas contravenciones en el campo jurídico.
La represión al colectivo LGTBI obtiene instrumentos legales y judiciales que se mantendrán vigentes y en aplicación hasta la Asamblea Estatuyente de 1996.
Más de 50 años de legislación represiva bajo la mirada cómplice de todos los gobiernos de turno; los elegidos democráticamente y también, claro está, las dictaduras militares.
Estos instrumentos legales ponen en marcha la maquinaria de la represión y la persecución judicial, dejando el arbitrario concepto de “reconocer la homosexualidad” a través de tener «antecedentes»; o conocer “tal condición” por medio de «datos fehacientes y bajo la firma del director o jefe de secciones de la Dirección de Investigaciones», en manos de los uniformados.
Cuando se detectaban que en su jurisdicción se reunían personas LGTBI «con propósitos vinculados a su inmoralidad», los Comisarios denunciaban a la Dirección de Investigaciones para que interviniera.
El edicto policial sobre escándalo tipificaba las figuras contravencionales de la siguiente manera:
• «inciso f» : exhibirse vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario;
• «inciso h» : incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal, sin distinción de sexos.
• «inciso i» : encontrarse un sujeto conocido como pervertido en compañía de un menor de 18 años.

Ironizaba el poeta y escritor Néstor Perlongher “¿En que se basa la autoridad para saber cuándo una vestimenta es o no indecorosa? Dedúcese que en esa categoría habrán de entrar la minifalda y el bretel, si no el escote en V. Por si las moscas, les cabría a las chicas de Flores el inciso 2º H (pavor de los gays y de las prostitutas) que condena, con arresto de 30 días, a "las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaran o que ofrecieren el acto carnal" (…) También les puede pasar que presas de pánico echen mano del saco de un caballero transitante: error fatal: es el 2º F que les cabe a "los que se exhibieren en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”
(…) Y aunque la chica no haga nada nunca a nadie, tararear "qué me importa tu pasado, lo que has hecho y lo que harás", de nada sirve -­minga!- porque "por averiguación de antecedentes" se la llevan por 48 horas a la sombra de los barrotes en flor -y no va a precisar arrojar su cuerpo a pedacitos "a todos los que le pasan la vereda", porque es posible que se lo hagan pedacitos ahí mismo”

Nena llévate un saquito, revista Alfonsina, año 1983 (reeditado en 1997 Prosa Plebeya)

Los edictos policiales fueron el instrumento de ordenamiento moral de la sociedad para fomentar el proyecto de civilización del estado moderno con ciudades ordenadas y limpias de "enemigos" que pudieran atacar la moral de la sociedad.
Este concepto de “enemigos” es desarrollado también por la socióloga Alcira Daroqui, directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y coordinadora del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos: “Y este enemigo en tanto integra un colectivo social, el de los excluidos, los que están o deben estar afuera, deben anclarse en un espacio social y territorial ajeno al espacio de nosotros, su circulación, su visibilidad, se convierte en una amenaza en tanto seguros ofensores, seguros delincuentes, alimentando la “obsesión securitaria”, con propuestas políticas y de gestión de los social fundadas en la incapacitación, neutralización y si es necesario, la eliminación de esos otros amenazantes [...] Esos ́otros ́ (...) no registran otra atención que aquella que el sistema penal les presta a través de sus distintas agencias: la policía, la justicia y la cárcel”

Lo diferente debía ser atacado, encarcelado, combatido, exterminado.
Fue el estado argentino quien se hizo cargo de ese combate contra lo diferente, con uso del poder de policía y a la elaboración de figuras punitorias.

Años de sufrimiento trans, entre el resarcimiento o la burla

Dos proyectos de Ley para resarcir económicamente a las personas trans que se discuten en la Argentina hay desatado una dura polémica.

Se discuten en la Argentina dos proyectos de Ley para resarcir económicamente a las personas trans mayores de 40 años que por su situación generacional hayan sufrido los peores tratos que un Estado ausente puede proporcionar a un ciudadano: detenciones arbitrarias, discriminación social, educativa o sanitaria.
Estos proyectos han generado una encendida polémica y una campaña moralizante de amplios sectores de la población, que incluyen amenazas y ataques de todo tipo hacia el colectivo LGTBI.
Antecedentes:
El 9 de mayo de mayo de 2012 el Senado de la Argentina aprobó por unanimidad la Ley de Identidad de Género otorgando el derecho al reconocimiento a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales de su identidad de género tal cual se autoperciban.
Pero hasta llegar hasta esa Ley, la criminalización de la diversidad sexual y particularmente de las identidades trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en otras leyes: los edictos policiales, cuya historia es la historia de las políticas de persecución social orientadas al control y la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal. Entre estos grupos figuraban los homosexuales y las personas trans, que forjaron su resistencia a pesar de la oscuridad represiva y policial que permitía la aplicación de los edictos (art. 2 incisos "F", "H" e "I") y la Ley de Averiguación de antecedentes.
Los dos proyectos:
La legisladora porteña María Rachid del Frente para la Victoria promueve uno de esos proyectos (con número de Expediente 3130-D-2014 y que se puede consultar en
http://www.legislatura.gov.ar) que fue presentado en la Legislatura Porteña el año pasado.
Rachid es activista lesbiana, fundadora de la organización de lesbianas y mujeres bisexuales La Fulana y ex presidenta de la Federación Argentina LGBT, una de las referentes en la Argentina en la lucha por los derechos LGTBI.
Su proyecto tiene por objeto la creación de un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 (de Identidad de Género) y su decreto reglamentario Poder Ejecutivo Nacional Nº 1007/2012.

Esta propuesta ha desatado una dura polémica.
Varios medios de comunicación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en manos de la derecha del PRO) salieron a decir que el monto estimado era de $8.000 (aproximadamente U$S 900) cuando en realidad fue solicitado en $ 2.400 (aproximadamente U$S 300) como aclaró la Legisladora. Aunque si la iniciativa se aprobara “habría que ajustar el valor”.

El otro proyecto de ley 8194 fue presentada en octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, por la Diputada Nacional Diana Conti (también del Frente para la Victoria) presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que avaló con su firma la propuesta de ley que se sustenta en una idea de Marlene Wayar (Directora de El Teje y de Futuro transgenérico) y es el resultado de una escritura colectiva impulsada por las organizaciones Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales), Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual), Futuro transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminación de Liberación).
La ley tiene como finalidad establecer una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. Serán beneficiarias, las personas a las que se les haya aplicado los incisos "f", "h" e "i" del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.
Las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hacen los artículos 90 y 91 del Código Penal, o alguno de los delitos contra la integridad sexual (arts. 118 a 133 del Código Penal) será incrementado en un treinta por ciento (30 %).
Esta pensión será de carácter independiente de cualquier otra reparación y será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva de cualquier jurisdicción que pudiera estar percibiendo el/a solicitante.

Ataques, burlas y amenazas:
La Legisladora Rachid y su proyecto han sido blanco de las más duras críticas desde distintos sectores de la población, fundamentalmente opositores al gobierno nacional de Cristina Kirchner.
Las burlas y las amenazas dan cuenta del odio y el rencor que anida en muchos sectores de la sociedad argentina, sobre todo contra los derechos del colectivo de la diversidad sexual.
Los insultos lesbofóbicos y transfóbicos y las amenazas de todo tipo, demuestran un punto de alerta en la galopante derechización social y política de la Argentina.

El proyecto de Rachid (como lo aclaró desde distintos medios) tendría llegada a menos de cien personas que tienen un promedio de vida de 35/40 años.
El proyecto de Diana Conti tendría que articular con las distintas provincias y ver que los censos poblaciones pudieran dar el marco adecuado para la llegada más justa.

Ambos proyectos vienen a intentar reparar de alguna manera una parte de la ausencia del Estado en relación a los derechos del colectivo trans, y a resarcir el dolor de un grupo de personas que ha sufrido prisiones y arrestos arbitrarios, muerte, destierro, humillaciones, discriminación y un largo etcétera mientras la población en general miraba para otro lado.

El colectivo trans fue quien más sufrió en cuerpo y alma la ausencia de un Estado que fue quien le infrigió todo ese sufrimiento.
Hoy ese Estado intenta reparar de alguna manera esa herida abierta.
Oponerse a esto es mucho más que una canallada.